La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación luego de que el Gobierno venezolano anunciara la suspensión de sus actividades en Caracas. Esta medida se produce un día después de que Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, denunciara que las autoridades venezolanas le impidieron visitar centros de detención y que cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
En un comunicado breve, la portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, declaró: "Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir. Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas".
La suspensión de las actividades de la ONU en Caracas ha desencadenado preocupación internacional, ya que plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación en materia de derechos humanos en Venezuela. La anterior alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno venezolano para mejorar la cooperación en derechos humanos, permitiendo la presencia continua de oficiales de derechos humanos en el país.
El Gobierno venezolano justificó su decisión, alegando que la oficina de la ONU en Caracas ha "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo. Además, anunciaron una revisión integral de los términos de cooperación acordados en 2019 y la expulsión de 13 funcionarios de la ONU que operan en Caracas.
En respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, declaró: "Venezuela solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas"
Esta situación deja en la incertidumbre el compromiso internacional para abordar y monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela, en un contexto ya complejo marcado por denuncias de violaciones a estos derechos en el país sudamericano.